No hay duda de que cada vez prolifera más la instalación por las empresas de cámaras de videovigilancia, sobre todo en aquellas donde los empleados manejan a diario dinero o bienes fungibles. Ante la sospecha de la comisión de hurtos no se duda en instalar cámaras que enfocan directamente cajas registradoras o almacenes con el fin de cazar “con las manos en la masa” al presunto ladrón. Otras, en cambio, se dotan de estos artilugios para garantizar la seguridad de sus empleados y la de terceros que acceden a las instalaciones de la compañía. En ambos casos, se obtienen imágenes que pueden ser utilizadas por la empresa como medio de prueba en contra del trabajador cuando sobre él preexiste una situación de desconfianza. En este contexto, se plantean algunos interrogantes que es necesario tener en cuenta.

¿Hay que informar a los trabajadores de la instalación de las cámaras y del uso que se va a hacer de las imágenes? ¿Es preciso que estos den su consentimiento?

¿Deben recibir el mismo tratamiento las cámaras específicamente instaladas para controlar la actividad en una caja registradora o TPV que aquellas destinadas a un uso genérico (seguridad) como el control de accesos cuyas imágenes son aprovechadas después por la empresa para realizar un control de la actividad laboral?

En cuanto a la instalación de las cámaras, la empresa debe colocar en las zonas videovigiladas o, en su defecto, en la entrada/escaparate del establecimiento un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados, lo que hará presumir que los trabajadores conocen la existencia de las cámaras (aunque estas pueden estar ocultas), no siendo necesario que el cartel especifique más allá de la vigilancia, la finalidad exacta que se le asigna a ese control.